Realidad y narrativa

Según estimaciones privadas (OJF, 2025), agosto tuvo un crecimiento interanual de actividad del 5,5%, una ligera variación mensual positiva del 0,7% y un continuo crecimiento en el 2025 para los 8 primeros meses del año, calculado en el 5,8% anual. Por su parte, el principal indicador público de actividad (INDEC, 2025), que publica sus datos con un mes de posterioridad, es decir que mide el mes previo, señala que julio tuvo un crecimiento interanual del 2,9% y un ligero descenso mensual del 0,1% en relación a junio. Estos datos se condicen con la medición privada respectiva del mismo mes de julio, que indica un crecimiento interanual del 3,6% y un ligero descenso mensual del 1% (-1%). Los valores de julio marcan un descenso relativo de la actividad en un contexto continuo de crecimiento. Los valores de la medición privada de agosto indicarían un bajo impacto de la política en la economía, aunque dichos impactos podrían verse reflejados en los siguientes meses.

La medición pública de julio, en las mediciones interanuales del 2024-2025 —que en el gráfico final del INDEC se indican por “anuales”—, muestra un considerable aumento de actividad en el sector financiero con un 23,2% de crecimiento, seguido de la minería (13,4%), los subsidios (casi 8% de aumento), la hotelería (casi 6%) y el sector inmobiliario (+4,3%). Hay un desplome de la pesca, que sólo puede deberse a particularidades del sector. Y los otros sectores oscilan entre el -2% y el 3%. En la medición privada de actividad (OJF) de agosto, un mes posterior a la medición pública mencionada, el aumento interanual más significativo siguió siendo la intermediación financiera, con un 19,1%, seguida del comercio con 7,1% de aumento. En los saldos positivos de actividad, están también la minería (4,9%), el sector inmobiliario (2,3%) y otros sectores con aumentos marginales, no drásticos. En disminución de actividad o en contracción, hubo 3 sectores con valores marginales o mínimos. Pero el gran el perdedor o el sector con mayor contracción fue el de los servicios públicos, con casi 5% en rojo.

En el mes de agosto, comenzó una campaña sucia de la oposición basada en aprobar proyectos de ley sin financiamiento, a sabiendas de que el plan de estabilización del Gobierno se basa en el equilibrio fiscal. Estos proyectos, según sus promotores legislativos, dicen contemplar causas justas, aunque nada que no se haga de forma responsable en el Estado puede implicar «causas justas». Por ejemplo, manteniendo la carga impositiva sobre los pobres para financiar aumentos de médicos públicos o jubilados sin o pocos aportes jubilatorios, sin mencionar los regímenes de privilegio que tiene el sistema previsional argentino relativos al empleo público y al empleo de las empresas públicas. El Congreso, de mayoría peronista-radical, de todas formas, movió la balanza política, como se vio en la presentación el lunes 15 de septiembre del presupuesto para el 2026 que contempla aumentos en sectores que el Congreso decía favorecer con los proyectos de ley de la campaña sucia. Los pobres y los marginados no habrían tenido hasta la fecha desde que asumió el gobierno de centro derecha —diciembre del 2023— ningún beneficio impositivo de parte de los 3 niveles de gobierno. Y vieron aumentos en las tarifas, en las tasas municipales y los impuestos provinciales, que asimismo no contemplan niveles de poder adquisitivo. Las tasas municipales no dejaron de crecer. ARBA, del gobierno bonaerense, para el ciclo 2024, habría triplicado el impuesto inmobiliario, sin diferenciar a pobres de ricos. Y el Gobierno, con minoría en ambas cámaras del Congreso, sí tuvo en su mesa de prioridades a los sectores más ricos de la Argentina, muy vinculados al proismo, su más o menos socio político.

A fines de septiembre, en vísperas de las elecciones legislativas de octubre, la prensa apostó a los vínculos de Espert con un acusado por narcotráfico y estafa, Machado. Los intentos del candidato por matizar su relación con el acusado finalmente jugaron en su contra, como siempre sucede que hay una caza de brujas. Según el mismo mitrismo, la relación entre el candidato renunciado y el acusado por narcotráfico sería del 2019, y la detención del acusado es de abril del 2021, es decir, posterior. Pero si el vínculo personal existió, puede surgir la idea, razonable, poco descabellada de que, si se prueba que el imputado era un delincuente, sus conocidos participaban en alguno de sus ilícitos. Si se probara que el imputado era efectivamente narcotraficante, sus conocidos quedarían automáticamente comprometidos. Esta asociación en los medios es poco aconsejable para una campaña electoral o la política, por no decir suicida. Y el Gobierno aceptó la renuncia del candidato. Irónicamente, los dos candidatos masculinos en línea de sucesión eran más populares.